Informe especial: los antecedentes del “caso Taringa”

El 9 de Mayo los dueños del sitio web Taringa fueron procesados por la Sala VI de la Cámara del Crimen por considerarlos “participes necesarios” en la difusión de obras protegidas por la ley de propiedad intelectual. Este no es un caso aislado sino que se enmarca en una lucha mundial contra la piratería que involucra a privados, organismos internacionales y Estados.


La ley que protege la propiedad intelectual en la Argentina es la número 11.723 del año 1933, conocida como ley de protección a la propiedad intelectual,  que faculta sólo al autor de la obra la posibilidad de disponer de ella para reproducirla en cualquier forma. Argentina también es parte firmante del  Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas que regula internacionalmente la protección de los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas.

En el año 2009 el Tribunal Oral Nº 18 de la Ciudad de Buenos Aires dictó sentencia basándose en la ley 11.723 sobre la denuncia al sitio http://ar.geocities.com/lamansiondeldvd/ realizada por la Motion Picture Association (MPA), en forma conjunta a la Unión Argentina de Videoeditores (UAV) y la Asociación Argentina de Distribuidores Cinematográficos (AADC), en el marco del plan contra la piratería de obras cinematográficas que llevan adelante.

A nivel internacional la lucha contra la piratería la corporiza  la Organización  Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que es un organismo de Naciones Unidas  y  tiene como tarea  proteger las obras creadas por el intelecto humano, “salvaguardando a la vez el interés público”.

La OMPI administra 24 tratados internacionales, desde el convenio de Berna en 1886 hasta el Tratado de Cooperación en Materia de de Patentes ya en el nuevo siglo, y  cuenta con el aval de 184 países, es decir, el 90% del total de naciones en el mundo.

Como ocurrió en Argentina el mundo también ha tenido sentencias contra la difusión ilegal de obras. Un tribunal norteamericano en el  2008 registró una decisión jurídica que marcó antecedencia al hallar culpable a Barry Gitarts, condenándolo a cinco años en la cárcel y  una multa de US$250.000, por hospedar e intercambiar en su sitio música, juegos, películas y software piratas por dinero

En Europa se registró en el 2009 el primer antecedente de condena jurídica. Con la ley antipiratería de Suecia (conocida como IPRED, toma el nombre de la directiva europea Intellectual Property Rights Enforcement Directive) los propietarios de los derechos de cualquier obra pueden obtener una orden judicial que obligue a los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) a suministrar las direcciones IP o identificaciones de los ordenadores que hubieran compartido esos materiales sin su autorización. En este mismo país a la página The Pirate Bay Web se les imputó una multa de 30 millones de coronas suecas.

A.U. 6
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