Sociedades, cada vez más vigiladas

El gobernador Daniel Scioli firmó en marzo de este año un convenio de cobertura del Programa de Monitoreo Integral por Cámaras en la provincia con 48 municipios, con lo cual suman 95 las comunas alcanzadas por ese servicio.

Con este acuerdo, se extiende el número de distritos bonaerenses adheridos a este sistema destinado a la prevención y seguridad ciudadana, que pretende, según la disposición del gobernador Scioli, dar cobertura a los 134 jurisdicciones de la provincia y que prevé la provisión e instalación de 10 cámaras y un centro de monitoreo para la recepción de las imágenes en cada localidad.

Estas cámaras poseen una precisión y un alcance equivalente a 350 metros y son operadas por el personal que trabaja en los centros de monitoreo. Dichos empleados reciben una capacitación previa para identificar cuáles pueden llegar a ser los hechos que se deben considerar importantes. Cuando se presenta una situación de estas características, se comunica a los móviles del “servicio de apoyo policial” que recorren las zonas alcanzadas por las cámaras para darles las coordenadas exactas en donde se está llevando a cabo un supuesto ilícito o conflicto.

Uno de los pioneros en la utilización de cámaras fue la municipalidad de Tigre. La gestión que actualmente conduce Sergio Massa cuenta con el Centro de Operaciones Tigre, oficina dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana de dicha localidad, que tiene como objetivo central fortalecer la prevención de delitos, accidentes de tránsito y siniestros en general.  Para ello cuenta con un sistema de cámaras de vigilancia ubicadas a lo largo de todo el distrito, a través del cual se monitorea permanentemente lo que ocurre en las calles. El objetivo es mejorar la eficiencia diaria de los profesionales y el tiempo de respuesta en cada operativo.

Capital Federal no es ajeno a este tema. El gobierno porteño posee más de 700 cámaras de seguridad distribuidas en más de 20 barrios, 14 parques y plazas, en las calles aledañas a la Jefatura de Gobierno y la Legislatura, el Distrito Tecnológico, los alrededores de Plaza de Mayo y la plaza Naciones Unidas en las cercanías de la Facultad de Derecho. A esto se debe agregar las 23 cámaras en Puerto Madero supervisadas por Prefectura Naval Argentina; los 150 aparatos dispuestos en peajes, autopistas y accesos  para auditar el tránsito en las vías rápidas de la Capital; 220 dispositivos distribuidos por Metrovías en los servicios de subterráneos, tales como estaciones, pasillos, accesos y andenes; y por último hay que anexar un número no especificado de cámaras manejadas por entidades privadas.

Un dato a tener en cuenta es que el sofware utilizado por estos dispositivos impide que se tomen imágenes de lugares privados, como casas, departamentos, oficinas, etc. y limita la visualización al espacio público. Como remarca la  Dra. Laura Patricia Taborda, abogada abocada al análisis de la videovigilancia, “el derecho a la intimidad consiste en una especie de barrera o cerca que defiende la autonomía del individuo humano frente a los demás y, sobre todo, frente a las posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes”. Se delimita de este modo un conflicto entre la protección y la invasión a la intimidad, en donde cobra fuerza “la pugna entre el derecho del Estado a proteger bienes públicos, y el derecho a intimidad de cada ciudadano”, remarcó Taborda.

Sin embargo, la instalación de cámaras en las ciudades es cada vez mayor. Esta metodología de prevención y asistencia al ciudadano quiere trasladarse al resto de las principales ciudades del país. Los objetivos que se persiguen son los siguientes:

  • Crear una red de prevención para la seguridad de los ciudadanos.
  • Proponer acciones organizativas y operativas de las fuerzas policiales de la provincia, el sistema de defensa civil y la actividad de las agencias de seguridad privada.
  • Coordinar las relaciones entre las policías y los vecinos de cada municipio.
  • Participar en los planes, proyectos y programas en materia de catástrofes y accidentes, en coordinación con otros organismos nacionales, provinciales y municipales.
  • Coordinar y dirigir un sistema de comunicaciones al servicio de la seguridad pública.
  • Llevar adelante los planes y políticas en materia de seguridad pública, protegiendo a las personas, a sus bienes y previniendo los delitos.
  • Evaluar la implementación de la política de seguridad y controlar el funcionamiento de las policías de la provincia.
L.O-A.U 06
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