Sociedades Vigiladas: “Es necesario poder discernir esa pequeña delgada línea roja entre la protección y la invasión a la intimidad”

La disposición de cámaras de vigilancia en lugares públicos está reglamentada bajola Ley N° 2.602, la cual regula, en su primer artículo, la utilización de las mismas por parte del Poder Ejecutivo para la grabación de imágenes en dichos lugares, así como también su posterior tratamiento.

La ley, regida por los principios  de proporcionalidad y razonabilidad, determina que la instalación de cámaras sólo podrá emplearse en casos que resulten apropiados, con el objetivo de “asegurar la convivencia ciudadana, la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, la elaboración de políticas públicas de planificación urbana, así como también para la prevención de faltas e infracciones relacionadas con la seguridad pública” (Ley N° 2.602). Para la aprobación del empleo (para lo cual la autoridad de aplicación debe remitir un informe preliminar ala Junta Comunalcorrespondiente para la instalación en su jurisdicción), se debe analizar en cada caso particular, los riesgos existentes “entre la finalidad pretendida y la posible afectación por la utilización de la videocámara al derecho a la propia imagen, a la intimidad y a la privacidad de las personas, de conformidad con los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional y dela Ciudad Autónomade Buenos Aires” (Ley N° 2.602).

Laura Patricia Taborda, abogada abocada al análisis de la videovigilancia, sostiene al respecto de esta dicotomía que “la pugna es entre el derecho del Estado a proteger bienes públicos, y el derecho a intimidad de cada ciudadano”.

Aquí aparece el tema de la intimidad como uno de los puntos claves de la cuestión.  “La intimidad es la parte de la vida de una persona que no ha de ser observada desde el exterior, y afecta sólo a la propia persona”, sostiene Taborda. Además añade que “el derecho a la intimidad consiste en una especie de barrera o cerca que defiende la autonomía del individuo humano frente a los demás y, sobre todo, frente a las posibles injerencias indebidas de los poderes públicos, sus órganos y sus agentes”.

El problema gira en torno a la cuestión que implica saber hasta qué punto se invade la privacidad de los ciudadanos con la instalación de cámaras, “por lo que es necesario poder discernir esa pequeña delgada línea roja entre la protección y la invasión a la intimidad”, sentencia la abogda.

La proliferación de las cámaras para la prevención de riesgos y delitos, tienen amparo en la ley. El Centro de Monitoreo Urbano, creado por el Ministerio de Justicia y Seguridad, tiene como obligación “remitir a la autoridad judicial con competencia en el tema, y dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, la cinta o soporte original de aquellas imágenes – de cuyo contenido pueda inferirse la comisión de un delito” (Ley N° 2.602).

Para Taborda “el sistema de grabación implementado  ha contribuido a reducir el número de allanamientos e intrusiones en edificios públicos y privados, robos, accidentes de tránsito”.

Saber que determinados lugares disponen de cámaras capaces de vigilar desde lejos, asomarse detrás de las esquinas o ver en la oscuridad, y que además las imágenes son grabadas, disuade ante cualquier intención de delinquir. Es por eso que “la popularidad de los circuitos cerrados de televisión se ha incrementado en los últimos años debido a la necesidad de protección por parte de personas individuales, consorcios empresariales y comerciales y por entidades públicas”, manifiesta la letrada.

La implementación de estás tecnologías, cuyo seguimiento legal corresponde a la entrega de informes semestrales ala JuntaComunal, refleja un balance positivo en la aceptación por parte de la ciudadanía. A través de los resultados de una encuesta sobre la seguridad y los sistemas electrónicos de seguridad, brindados a ACV Ñus por parte dela Dra.Taborda, más de la mitad de los ciudadanos encuestados dela CiudadAutónomade Buenos Aires argumentan sentirse seguros, mientras que, cerca del 40%, creen sentirse poco o nada seguros en sus casas o en la vía pública. En cambio, en centros comerciales o edificios corporativos, que normalmente están equipados por sistema de seguridad electrónica, cerca del 85% de los visitantes se sienten seguros o muy seguros. El 70% de los encuestados creen que se podría prevenir de alguna forma la criminalidad tras la instalación de cámaras de seguridad en lugares públicos. Aunque un 23% de ellos creen que las cámaras de seguridad en lugares públicos podrían violar su privacidad, más del 75% de los encuestados no objetan sobre su instalación, siempre y cuando sirva para disminuir los índices de criminalidad en la ciudad.

“Consecuentemente, aunque existe una tendencia clara sobre los beneficios que este tipo de sistemas pueden aportar a la seguridad ciudadana, los que tomarán la decisión de la instalación de este tipo de sistemas de seguridad serán los propios ciudadanos junto con las autoridades locales de cada ciudad, preservando la privacidad sin perder de vista el bienestar general”, resume Taborda.

M.P.M-L.O 06

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