El camino de la verdad y la justicia

Madres de la Plaza de Mayo - Juan Embromado / AFP

A partir del 2007 se reabrieron en el país los juicios que buscan condenar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Los sumarios estuvieron trabados por más de veinte años.

La revisión de los crímenes cometidos por el Estado entre 1976 y 1983 comenzó el 15 de diciembre del ’83 cuando, cinco días después de asumir la presidencia, Raúl Alfonsín sancionó el Decreto Nº 157 que ordenaba enjuiciar a los dirigentes de las organizaciones guerrilleras ERP y Montoneros, y el Decreto Nº 158 que buscaba procesar a las tres juntas militares. Además, durante aquella presidencia radical, comenzó a trabajar la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), integrada por ciudadanos independientes con el fin de relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos. Mediante el Informe “Nunca Más” se documentaron alrededor de 9 mil casos como pruebas para los juicios.

En diciembre de 1983, las juntas militares comenzaron a ser procesadas por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, debido a que en ese momento las leyes vigentes establecían que los militares sólo podían ser enjuiciados por sus propios tribunales, sin importar el delito hubieran cometido. Ante las demoras de ese organismo y la presión de movimientos y organizaciones de derechos humanos, el consejo militar fue desplazado, en octubre del ´84, por el tribunal civil quien se hizo cargo de las causas.

Ya en abril de 1985 comenzó la audiencia pública en la que declararon 833 personas de los 280 casos que se examinaron entre los 10 mil que se tenía conocimiento. Así, en diciembre se dictó la sentencia que condenó a reclusión perpetua a los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera. En tanto, Roberto Eduardo Viola, quien ejerciera, de facto, la presidencia de la Nación entre marzo y diciembre del 81, fue condenado a 17 años de prisión. Para el ex almirante Armando Lambruschini, recayó una pena de 8 años de prisión, mientras que a Orlando Ramón Agosti le aplicaron 4 años de cárcel. Para entonces, regían las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, por lo que sólo podía juzgarse a las autoridades principales.

Las sentencias duraron poco: en diciembre de 1990, fueron anuladas por el presidente justicialista Carlos Menem, quien sancionó el Decreto 2741/90, que indultaba a los ex miembros de las juntas militares y a los referentes de los grupos civiles.

Al fin, ya en septiembre de 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Juez Norberto Oyarbide declaró la inconstitucionalidad de ese decreto y, días más tarde, el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Desde entonces, la Justicia inició un proceso de enjuiciamiento a los autores materiales y logísticos, sin importar sus rangos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Germán Felices / A. S. 3

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