Incentivos legales

La ley de Inversión Minera sancionada en 1993 por el gobierno de Carlos Menem (a propuesta del Banco Mundial) le permitió a las empresas mineras contar con beneficios como la deducción del 100% de sus gastos operativos del impuesto a las ganancias, la devolución del IVA a la exploración y la exención del impuesto al cheque. Solamente tienen que pagar un 3% de regalías a las provincias y presentar un informe de impacto ambiental que, en la mayoría de los casos, es redactado por las propias empresas. En la misma sintonía, el veto a la Ley de Glaciares de la presidenta Cristina Fernández le permitió sortear un escollo a estas multinacionales, ante una norma que establecía perímetros para la instalación de empresas y la obtención de agua devenida de glaciares para ser trasladada a los yacimientos.

Berenice Taboada Díaz-Andrea Zanarre. C. 4.

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